Base de Datos SER en el 2000
3.2 Servicios privados de seguridad. Cantidad, armamento, estructura.
Fuentes confiables han estimado que el número total de efectivos de las agencias privadas de vigilancia y seguridad en la Argentina ronda entre los 80.000 y 100.000 hombres, un número mayor al de los efectivos de las tres Fuerzas Armadas sumadas, o al de cualquier institución de seguridad o policial del país que se tome en forma individual.
En lo concerniente a la estructura, cabe señalar que una gran parte del personal que revista en este tipo de agencias privadas, es personal militar, policial y de inteligencia, en actividad o situación de retirados,que buscan en este tipo de tareas, un suplemento para mejorar sus ingresos mensuales.
En materia de armamento, se debe consignar que este tipo de fuerzas, cuenta con moderno armamento ligero para cubrir las funciones de custodia y seguridad.
No se verifica el uso por parte de este tipo de fuerzas de armamento pesado del que utilizan las Fuerzas Armadas como parte de su planeamiento logístico.
Según la Cámara Argentina de Seguridad,el número total de empresas de seguridad que operan dentro del territorio en forma legal son 250, asociadas a dicha cámara. Otras 200,no asociadas de las cuales algunas son legales y un número indeterminado no lo son.
Según esta misma fuente, sólo el 20% porta armas legalmente habilitados por el organismo oficial correspondiente llamado Registro Nacional de Armas (RENAR).
El dato numérico hace ascender a 20000 el número de agentes de seguridad privada no están por fuera del registro nacional.
La actividad de este tipo de empresas está controlada por parte de todas las policías públicas del país según la jurisdicción en que opere cada empresa. Ellas son las que verifican antecedentes y dan el certificado de aptitud o no.
Todos los empleados de las empresas afiliadas a la cámara, reciben un curso de manejo de armas de fuego.
Otra fuente confiable como es el diario La Nación reconoce que el crecimiento en número de empresas es altamente significativo, si tomamos en consideración que para el año 1971 el total de empresas ascendía a 20 y que empleaban a 6000 personas. Contra las actuales 250, y los 60000 agentes registrados que reconoce una fuente como el diario La Nación. De estos 60.000, 12.000 son mujeres.
Según esta misma alta fuente, en nuestro país, si sumamos el total de efectivos que revistan entre todas las policías del país, el número se estima en 140.000. Si sumamos los efectivos que revistan en las empresas de seguridad privada legalmente constituidas y las que operan en las sombras, disfrazadas en algunos casos como cooperativas sin aclarar la función de seguridad que cumplen, la cifra asciende a 80.000, lo que equivale a más de la mitad de las fuerzas públicas de seguridad bajo el control del Estado.
El auge de las empresas de seguridad privada es coincidente también con el importante número de egresos de personal militar, de seguridad, policial y de inteligencia que el país ha experimentado en los últimos 13 años. En este período se incluye también el alejamiento de sus instituciones de los militares involucrados en los motines de Semana Santa, Monte Caseros, Villa Martelli y Palermo, así como de aquellos que fueron apartados a causa de denuncias por violación de los derechos humanos.
La seguridad privada en la Argentina factura 600 millones de dólares por año. El presupuesto de la policía de la Provincia de Buenos Aires es de 800 millones de dólares por anuales.
El presupuesto de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) asciende a 200 millones de dólares al año.
Según informa la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), dicho organismo no cuenta con una nómina de aquellos integrantes de la Policía Federal, de la provincia y de las Fuerzas Armadas que hayan sido dados de baja, pasados a retiro, puestos en situación de disponibilidad, suspendidos preventivamente o exonerados por mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones. Ello debido a los insuficientes recursos presupuestarios y tecnológicos.
A modo de conclusión general: Es preciso reconocer que la génesis de la seguridad privada en nuestro país, aunque tardía en relación a los países desarrollados, tuvo su origen en los propios sistemas autoritarios militares. Ello para satisfacer los requerimientos de obtención de información reservada de entonces. Por ejemplo, durante el último gobierno de facto, la mayoría de las empresas de seguridad privada que eran contratadas tenían una directa vinculación con el Departamento Producción de la Jefatura II de Inteligencia.
El retorno a la vida democrática determinó una creciente y rápida demanda de servicios de este tipo por parte de los empresarios argentinos, en procura de una mejor seguridad para sus inversiones e instalaciones.
Legítima reacción de estos grupos de decisión empresarial que así lograban recuperar facultades antes delegadas a los militares del proceso y que no deseaban dejar, ahora, en manos de autoridades políticas no controlables.
Esto trajo aparejado la necesidad de mejorar tanto el control legal, como también, el marco jurídico vigente para este tipo de actividades.
Este crecimiento explosivo inicial del sector que adoptó formas descontroladas, generó en importantes sectores de la población una imagen negativa de la actividad, toda vez que eran claramente perceptibles las fallas que denotaba dicho sistema privado de seguridad. Del mismo modo, creció el temor al mito de que estas empresas se transformaran en ejércitos privados controlados por los magnates.
Claro ejemplo de este temor fue el que se generó con el asesinato del periodista José Luis Cabezas.
A partir de estos datos, y en un tiempo realmente breve, se logró consensuar un proyecto de ley de reordenamiento y control del sector, basado en las siguientes claves:
a) Procurar que la regulación de la actividad en cuestión fuera única y de carácter nacional, buscando que todas las provincias del país adhieran a esta legislación.
b) Establecer con precisión las responsabilidades de los órganos políticos tales como el Ministerio del Interior y Consejo de Seguridad, para la fiscalización y regulación de la actividad.
c) La necesidad de creación de un banco de datos central nacional sobre empresas y personas de esta actividad.
d) Establecer con precisión los niveles de exigencia tanto para empresas como para personas que vayan a prestar este tipo de servicios.
e) Garantizar un sistema de capacitación y supervisación por parte del Estado, como único modo de que la actividad alcance el mayor nivel de profesionalismo.
f) Abrir y fomentar los canales de participación ciudadana, tanto en lo que hace a la introducción de innovaciones como para garantizar las denuncias por incumplimiento de las disposiciones que esta ley prevé.
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